(3.fragmentos) Políticas ambientales en un contexto de instrumentación económica en Costa Rica

Modalidades del ambientalismo en Costa Rica 

Tropitágoras.

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de proponer un análisis articulado a la realidad nacional de forma mas cercana y explicita, mas que solamente teórico; la necesidad de hacer una descripción inicial acerca del ámbito social es central sobre todo para esbozar aquellos jalones en cuanto a opinión publica, de los gobernantes o mediática general, en el que se enmarcan las nuevas imágenes de país pero sobre todo el uso que actualmente se les ha dado para apoyar instrumentos de política publica ambiental que direccionan precisamente las practicas institucionalizadas hacia una nueva forma no ensayada en el país. 

El ambientalismo en el país, posee una larga data en un proceso de coevolución con las estructuras del estado pero también con la población, territorios comunitarios afectados por la desproblematización de la economía y por los proyectos desarrollistas principalmente de carácter extractivo. 

En cuanto a este factor medioambiental, no se puede hacer referencia a una concepción homogénea dentro del estado pues eso depende en una buena medida de que perspectiva sea asumida dentro de una coyuntura específica, de las instituciones que lo componen, la regulación atinente e incluso las decisiones del gobierno que esté en el mando durante una de estas coyunturas. 

En todo caso, para Cordero (2017) ha habido varios auges del ambientalismo alrededor de problemáticas de carácter económico-extractivista tanto como administrativos y de omisión de la localidad debido a una manera de entender el desarrollo nacional; en ese sentido la consolidación de practicas ambientales específicas tienen profunda relación con el hecho de que estas son respuestas articuladas con la dinámica de conflicto socio ambiental. 

No pueden ser entendidas desde los criterios actuales ya que estos poseen en si mismos un deber ser del ambientalismo como es adoptado actualmente; no puede estudiarse desde dimensiones abstraídas, pues se entiende que cada criterio y deber ser del ambientalismo responde a una necesidad práctica e histórica que se refleja tanto en la visión del estado y sus intereses, como a una problemática muy acotada, a aquella que visibilizan los movimientos ambientales del país. 

Si bien, Cordero (2017) se centra en aquel ambientalismo que procede desde realidades similares a las de ALCOA que a criterio del autor supusieron que “también fueron movimientos de resistencia contra las empresas transnacionales y estuvieron en clara oposición a las formas de extracción de recursos y expansión del capital internacional”(p.446); este ambientalismo importante para el es el de los movimientos sociales y sus formas de entremezclarse con mecanismos de participación dentro de la organización de estado; en sus palabras, si bien no estudia el ambientalismo estatal y las políticas publicas derivadas al respecto, si señala que “Los grandes momentos de los movimientos sociales es cuando las estructuras se encuentran con sus acciones” (Cordero, 2017, p. 448). 

En ese sentido reconoce que es importante tanto para los movimientos sociales como para entender las estructuras sociales y estatales, conocer estos influjos de movimientos sociales que en cierta manera son recibidos por la institucionalidad, al menos desde alguna forma aproximada; es importante si, comprender la forma en que se cimentan los movimientos sociales, pero no es necesariamente el interés que se tratará de exponer en este caso; la dirección es mas bien contraria a la que llega a trabajar el autor citado mas arriba, pues el del ambientalismo de estado. 

La forma en que las estructuras dan actualidad al ambientalismo es crucial para señalar resultados de algunos movimientos sociales en los orígenes genéticos de las diferentes vertientes de estado así como de las problemáticas de administración ambiental señaladas por organismos de investigación como el Estado de la Nación[1]. 

Los movimientos sociales se han correspondido con entidades de problematización y actualización de política publica incluso en Cordero (2017), como también en Fernández (2003), el cual toma como punto de análisis la correspondencia de tales movimientos y organizaciones con principalmente la regulación existente y naciente acerca de los recursos ambientales del país. 

El movimiento ambiental critico del desarrollo extractivista, si bien se notaba desde los 70s, ya existía legislación estatal recién un año antes, donde se hacia administración de los recursos forestales en conjunción con las actividades económicas y de producción agrícola, sin embargo esta ley consideraba al ambiente como recurso forestal al margen de la agricultura al tiempo que “ establecía un mejor fundamento jurídico para la creación y administración de áreas protegidas” (Fernández, 2003, p. 5) 

Sobre esto parece que lo que Cordero (2017) llama ambientalismo de movimientos sociales con una mayor consolidación en los 90s, existía como administración forestal desde 1969 e incluso antes con la declaración de reservas forestales e tiempos coloniales (Fernández, 2003, p. 5). Es curiosos que lo que Cordero (2017) llama consolidación puede ser de cierta manera aparición de organizaciones especializadas sobre el tema e incluso la aparición de la consciencia ambiental inherente a estos procesos críticos del proceso desarrollistas clásico. 

Fernández (2003) sin embargo hace mucho mayor énfasis en las adopciones de tipos de ambientalismo estatal, que si bien no lo hace de una manera desconectada con el contexto local, comunal y de movimientos sociales, si es para el importante el estudio del tipo de ambientalismo presente en el estado, es por eso que alrededor de su estudio, subyacen aquellas políticas ambientales propuestas desde el oficialismo. 

Posterior al fenómeno de los 70s con respecto al desarrollo extractivista, el cual no fue adoptado completamente en el país, comienza una serie de procesos estatales de regulación ambiental con miras en establecer un escenario propicio entre la economía del país y el recurso entendido hasta el momento como forestal; así es como para gobiernos como el de Daniel Oduber, el proceso de desarrollo económico se presentaba problemático con el conservacionismo estatal, por lo que las políticas a ese respecto consistían en el uso racionado de la madera, reforestación y aprovechamiento de “maderas caídas”(Fernández, 2003, p.6). Con Oscar Arias se continuó la línea del conservacionismo estatal, hasta que en 1988 una cumbre internacional sobre el ambiente redacta la “Estrategia de conservación para el desarrollo sostenible en Costa Rica (ECODES)”(Ibid.). 

Hasta 1988, el conservacionismo estatal había adoptado la propuesta del ambientalismo conservacionista, que “tiene en cuenta la participación civil en los asuntos ambientales y de vigilancia, originalmente diseñados y formalizados por el Estado” (Cordero, 2017, p. 450). Sin embargo lo hacía por el carácter muchas veces acrítico con el desarrollo económico, era una corriente que corría paralela a la del desarrollo, pero no se inmiscuía en él. 

Sin embargo con esta cambio en 1988, el conservacionismo se introduce como variable de sostenibilidad para el desarrollo, no como una visión solamente ética acerca de la conservación de la naturaleza, sino como una fórmula de Desarrollo sostenible para países periféricos que sin embargo a partir de esta declaración nacional y la cumbre de rio en 1992 (Cordero, 2017, p.451) ya para el gobierno de Figueres va a coincidir en la reafirmación de la perspectiva de desarrollo sostenible tanto como con la consolidación de movimientos sociales puramente ambientalistas como los que también son mencionados por Cordero (2017): 

Las campañas contra Stone Container en 1993 y 19941 y contra la minería a cielo abierto (en San Carlos de 1994 a 1998 y en Miramar de 1996 a 1999) dieron lugar a movilizaciones muy importantes y a precedentes significativos en la historia del movimiento ambiental costarricense. (p.446) 

La posibilidad de que los procesos de desarrollo extractivista a pesar de la existencia de pequeños proyectos mineros y de agricultura extensiva en estos periodos del extractivismo, hayan sido detenidos es una incógnita que toma centralidad en el análisis sobre la política ambiental, en ese sentido se podría citar posturas como la de Velazques (2014) acerca de cierta agenda de imposición periférica que se hace patente en discursos institucionales nacionales pero que es promovido por medio de organismos de cooperación internacional en un contexto mundial de posturas ecologistas formalizadas por medio de operacionalizaciones de economía internacional, así como de ética empresarial, moral política y discursos religiosos o social cristianos. 

Si bien estas conformaciones discursivas por si mismas no poseen un carácter legitimador y funcional, si lo hacen ene l momento en que se articulan con perspectivas desarrollistas de una nueva generación, que como se viene diciendo, se concentran en la sustantivación del desarrollo sostenible como una forma armónica de desarrollo, que además es posible solo a escala pequeña, o por medio de la proliferación de pequeñas medidas de sostenibilidad financiera, económica, ambiental y local. 

Ideas como la del desarrollo sostenible, el conservacionismo de estado anterior, son posibles solamente a partir de comprenderlas en su relación con las políticas supranacionales de desarrollo, regionalización en donde se pretende atender a una política de potencias, de los problemas generados por el desarrollo económico y convertir el problema ambiental en una cuestión de redistribución de capitales y de cuotas de producción-conservación en donde los países periféricos son ubicuos como primordialmente conservacionistas; esto quiere decir, agentes armónicos. 

Así es como algunos países plenipotenciarios, llegan a apoyar la diferenciación del desarrollo económico en favor de una política de conservación ambiental “usando el realismo, han aprovechado a los organismos internacionales para perpetuar el que hacer del tema desde una visión de industrialización” (Velásquez, 2014, p. 195). 

Distanciarse de parte de esta perspectiva general del análisis crítico del discurso con respecto a la situación costarricense, es un ejercicio necesario, pues si bien es claro que lo que se perpetua no es el proceso de industrialización general, sino un proceso industrial selectivo y residente en gran medida en países desarrollados, es en países como Costa Rica, donde se ha hecho posible un modelo de desarrollo mixto y donde si bien los procesos de conflicto ambiental y críticos de desarrollo has sufrido grandes golpes incluso llegando a pérdidas humanas poco claras; el discurso internacional ha sido un gran posibilitador de que los conflictos ambientales no hayan servido de base para una escalada en el nivel de violencia política y en ese sentido , el estado haya adquirido una vertiente ecologista que se registra con larga data. 

Sin embargo esta selectividad industrial muestra que “la circunspección en el discurso ambiental es el reflejo de la falta de compromiso de los países del norte” (Ibid), sobre todo cuando son estos los que no aceptan ni firman los acuerdos internacionales pero cuentan con promulgadores de gran rango y producción intelectual de mucha magnitud. 

Pareciera entonces que si observamos desde muy cerca la realidad del país y nos limitamos a esta, la política del realismo periférico se nos presenta como un Ex machina ante los conflictos ambientales, y habría más bien que considerarla en la realidad costarricense de una manera más actual, como uno de los influjos que dan formalidad a las políticas de ambiente y energía; pero que no son exclusivas de las agendas verdes, marrones y azules que se refieren al conservacionismo, la contaminación y el recurso acuífero en cuanto a movimientos sociales y organizaciones comunales(parafraseando a Fernández, 2003). 

Cruz (2017) expone al fin y al cabo una crítica al ambientalismo con escaza lectura social y contextual, además de poseer una concepción de un individuo abstracto e híper consumidor; sobre estos argumentos ecologistas deficientes en producir una real crítica radical ve por lo tanto que no tienen capacidad de proveer alternativas al sistema de desarrollo económico actual. Es interesante este autor, por el hecho de que hace ver la problematización comúnmente encontrada entre el conservacionismo y la economía de producción, no así con la monetización de la naturaleza como en el caso de los servicios ambientales y en ese sentido, estas perspectivas inviables (Cruz, 2017) son las que precisamente adopta el estado para conciliarlas con los discursos financieros y de sostenibilidad ambiental provenientes de la diplomacia internacional. 

La visión moral de Adam Smith que señala Cruz (2017), es muy similar a la del ambientalismo, y por eso su fácil conversión el alternativas económicas, en cuanto este no proponga la insostenibilidad del capitalismo, sino solo la del consumo desmedido; radicalmente diferente al situacionismo marxista que plantea una alternativa económica en primera instancia, claramente esto consiste en un rendez vouz[2] del ecologismo marxista con una alta critica económica, hacia alternativa de mejoramiento de procesos productivos que no son críticos ya, sino solo problemáticos administrativamente. 

En ese sentido, la discusión ha derivado tanto en organismos internacionales, como en la escena intelectual, en el desarrollo de una ética económica, pensando en una alternativa general para el problema de contradicción entre economía y ambiente; 

Foyer & Doumolin (2017) tienen estas interconexiones internacionales como integrantes de los movimientos sociales locales con las tendencias no gubernamentales del exterior. En eses sentido se podría decir que la alianzas de los distintos sectores internacionales pueden explicar la actividad de organismos en el apoyo a la realización de la investigación a partir de las discusiones de corte ecológico, sea que esté vinculada en este momento a un movimiento social provenga de él o sea una reinterpretación institucionalizada (desde la gobernanza ambiental). 

Cabe decir que esta síntesis expuesta por Foyer & Doumolin (2017) sobre los nuevos movimientos sociales como “un terreno intermedio entre una mera red de intercambio de información por un lado, y la existencia de genuinos movimientos sociales transnacionales basados en identidad y estrategia compartidas…” (p.392); es también compartida por Cordero (2017) ya que provee una cobertura más de significado a la relación entre movimientos sociales, discusión de conceptos, su adopción en ámbitos políticos, académicos e incluso la adopción en el sentido común; es pues un elemento que aporta sobre todo con su análisis de las conceptuaciones del ecologismo costarricense, sin embargo la exclusión del estado en el proceso de tipologías ambientales en este último autor costarricense, se hace con un fin teórico pues el estado no es un movimientos social aunque pueda ser un receptor o conciliador de perspectivas. 

La adopción de conflictos ambientales como “realismo” 

Paisajismo Citadino (2015)

Fuente: Elaboración propia.

Gracias a la postura desde la lingüística critica es posible caracterizar aquellas formas de ambientalismo con respecto a su práctica concreta y la modulación de los marcos legislativos para una adopción especifica de este, más cercano al proyecto internacional de la regionalización del desarrollo, así como la regionalización de la conservación ambiental bajo modelos mixtos y dinámicos muy diferentes al agro-extractivo. 

Para Velásquez (2014) la forma que toman las políticas de ambiente bajo el realismo periférico en las naciones latinoamericanas, es el de un “ambientalismo reformista, como su nombre lo dice, solo se enfoca en reformas administrativas” (p.196); el cual se muestra sobretodo más afín a la legislación costarricense por su historia reformista, de canalización del cambio social por medio de las instituciones autónomas, leyes y tratados internacionales. 

Se pueden comprender entonces como en el territorio costarricense existen conflictos ambientales, así como directrices y sentidos provenientes de organismos internacionales; sin embargo la posibilidad de conciliar ambas situaciones, es todavía un proceso continuado que no se basa únicamente en esfuerzos de la especie de los que salió la política de desarrollo sostenible del ECODES 

Siguiendo la premisa acerca del ambientalimso reformista de Velasques (2014), dice que “tiene dos ramas: el tecnocratismo y el desarrollo sustentable” sin embargo este es afin a una cierta tendencia de ver los problema sociales de nuestra época como problemas de administración y política pública; esta perspectiva del autor introduce a los organismos internacionales como promulgadores una cierta aplicación pero tambien a la idiosincracia de los funcionarios mismos como actores en los que recaen desiciones acerca de la implementación. 

Otra nueva incognita, surge, pues no se podria señalar con el dedo aquellas intenciones de diplomacia internacional y su aplicación al pie de la letra, esto debido a que existe tambien una situación local, los conflictos que son entresacados por diversas expresiones en los movimientos sociales. Entonces la forma de conciliación de estas dos calidades de influjos con respecto a conyunturas especificas y casos diferenciados localmente, es aun una cuestión que si bien se toma como un rendez vous, o como una adopcion estatal, la forma como se hace se ha dejado por fuera hasta el momento. 

Durante años En costa Rica ha existido una entidad de investigación que ha servido como adjunta a la politica economica de carácter reformista que tanto se acerca al estado esto es reflejado en la capacidad del Programa Estado de la Nación (PEN) de comprender la diagnosis social apartir de factores de integracion social, armonia ambiental, sostenibilidad económica, demografía, estructura económica y de desigualdades; una serie de temas acerca de la sociedad costarricense que encarnan los intereses de una democracia reformista, en la que los procesos de investigación puedan definir las desiciones técnicas y los rumbos desde criterios políticos criticos, que marchan hacia una sociedad inclusiva pero sin embargo no se separan tan ampliamente de la necesidad tecnocrática. 

Son evaluadores perpetuos de la condicion y cumplimiento de las nuevas politicas públicas implementadas, asi como de las necesidades regulatorias legales del marco politico y economico nacional para corregir impactos negativos; no hay una mayor expresion del éxito cultural nacional del reformismo que esta entidad. 

A sus 25 años de haber empezado el programa su director se enarbola como proposito el de que “se requieren investigaciones distintas y buscar nuevas fuentes de datos. Se requiere generar conocimientos más profundos, precisos y pertinentes para apoyar a ciudadanos y gobernantes y poder encontrar nuevas respuestas a los problemas del desarrollo.”(Brenes, 2019) 

En ese sentido, se puede ver como atravez del tiempo los conceptos que ha utilizado en su capitulo de Armonia con la naturaleza no solo se dirigen hacia la confección de politica publica, sino a la recolección de incquietudes sociales en la figura de ciudadanía, para asi llevarlas bajo un filtro tecnico como problemas adminsitrativos, al estado y sus representantes gubernamentales. Su labor principal es la de formar parte de estas instituciones, asi como de las estructuras de diagnosis y reforma continua. 

Una organización intelectual, que se encarga de estudiar el desenvolvimiento de las leyes establecidas, es importante par los gobiernos ocupando el espacio estatal, pues permite medir la regulación efectiva que poseen las politicas que se han diseñado desde ambitos como tales, al mismo tiempo que se pueden proponer acciones e indicaciones a seguir para adecuar al cumplimiento real de la política. 

Esta caracteristica que se menciona anteriormente es tipica de las politicas sociales que obedecen a una meta como reguladoras, son diferentes a las que pretendian ascender clases medias trabajadoras, educadas y estables desde los años 50s (mas programáticas que pragmáticas); son mas bien de un carácter actual, que se dirige a propiciar requisitos específicos para el funcionamiento de las empresas, las organizacione civiles y evitar el crecimiento de problemas sociales determinados (daño ambiental en este caso), esta sería su intencion principal. 

Para un autor como lo es Castro (2010) estas politicas y su probable testeo, son vectorizadas po formularciones acerca de una politica con intereses en la creacion de condiciones formales (p.185) para que se produzca un cierto efecto de participación equitativa en el mercado nacional, en la posicion de los individuos; a pesar de que con las politicas ambientales no se esta enfocado primordialmente en elementos eocnomicos, el espiritu de estas politicas si es descrito por la generación de politicas que se desprenden del marco económico de intervencion regulatorio y no de intervención en el mercado en si mismo. 

Esto significa que si una politica pone limites ambientales, no es para entrometerse con la formación economica, sino mas bien para evitar el despliegue de los problemas derivados de la actividad económica, para proponer un isomorfismo ambiental bastante convencional (de libre acuerdo en la generalidad) que se encuentra contenido en las diferentes agendas ambientales del estado, los movimientos sociales y la diplomacia internacional. 

Esta segunda incognita sobre las estructuras de conciliacion, acerca también a imaginar a los movimientos sociales como un fundamento de inteligibilidad de los problema socio-ambientales y la adopción de la identificación de problemas como un realismo en la adminstración; esto ha tomado varias formas de extension conceptual en los estudios de politica publica que realiza el PEN. 

La diagnosis del PEN y el trabajo estético de la desproblematización. 

Tropicalia (2017)
Fuente: Elaboración propia

Esta entidad lleva la guía en el proceso de ajuste de la politica a la realidad social existente, y para eso se basa en la los estudios con intensión de arribar en “política pública basada en evidencia científica” (Brenes, 2019) y bajo principios democráticos que sin bien no llevan a un cambio administrativo radical, si promueven el espíritu de reforma que argumentan con respecto a la regulación ambiental de la siguiente forma: “si bien hay un conjunto complejo y amplio de regulaciones, el seguimiento efectivo es limitado y los impactos son percibidos especialmente a posteriori.”(PEN, 2008, p.231), esta frase resume la tarea que se asignan los investigadores del programa y la forma de considerar los desajustes de políticas publicas en la realidad social. 

Para el año 2000, en PEN introduce un concepto agregado que involucra dimensiones ambientales acerca de el uso de recursos pare el consumo cotidiano, así como el uso económico de los mismos y aquellos avances con respecto a la disminución de la presión sobre los mismos (ej, recurso maderable natural vrs cultivos maderables). Su guía conceptual es la de la gestión ambiental, que se divide en tres grandes sub areas de gestión (gestión del patrimonio, gestión del cambio social y gestión del riesgo), en las cuales una de ellas se refiere a la interacción entre las actividades privadas o económicas con el uso de recursos: “La gestión del cambio social corresponde las políticas, programas y actividades públicas y privadas relacionadas con el uso y transformación de los recursos naturales, y sus resultados” (PEN, 2000, p.190). 

En esta forma de gestión, solamente se trata de medir el crecimeinto de actividades consideradas de impacto negativo , como el comercio, las actividades de pezca, intoxicaciones por plaguicidas, cantiadad de autos como señal de impactos del consumo de hidrocarburos, uso de recurso forestal bajo la aplicación de la ley de manejo, y el movimiento en cuanto a areas protegidas (parafrasenado PEN, 2000, p.192-193); todas estas cuestiones de la gestión social, son mediciones que se contemplan bajo argumentos que asocian una tendencia al aumento con una en el daño, mientras que practicas como la de la agricultura orgánica por area y cantidad de agricultores se asocia con una gestion adecuada y proporcionalemente con practicas tenidas como destructivas, asi mismo la matriz energética de las actualmente llamadas energias limpias es un signo positivospara la gestion ambiental. 

El año 2000 marco ruta con el infome citado anteriormente, pues su contenido altamente explicativo y no solo de examen de politica publica; en ese sentido posee un rasgo mucho mas reflexivo del ejerccicio de medicion de politica ambiental y de sus problmeaticas implicitas. Sin embargo su perspectiva acerca de lo privado, constituye un acercamiento poco imbricado entre economia y gestion ambiental, representa aun el uso del concepto de conservacionismo de estado, aunque tambien hace enfasis en la importancia de las areas privadas de conservación ya que estas se han convertido en “un elemento importante de la conservación in situ” (PEN, 2000, p.198), tanto como para la investigación cientifica en biología de, bioprospeccion con cooperacion de universidades y entidades privadas, exportacion de biodiversidad, asi como usos medicinales. 

Ya para 2008, el cambio es notable, ya que coincide con los preparativos de una convencion convocada por PNUMA en la que la estrategia de desarrollo sostenible se va mover alrededor de varios conceptos como el de la “carbono neutralidad” (PNUMA, 2008, p. 8), mismo al que se adhiere el ministro de ambiente de Costa Rica del momento. 

Con una revision del programa intrinseco a esta convocatoria, las polticas de carbono neutralidad se enfocan en la cooperación (esto quiere decir, inversion en el sur[3]) y sobre este aspecto, queda claro en el esquema de acción, donde la creación de politica economica de generación de impuestos sobre la recarga natural es una tarea de paises desarrollados, mientras que los paises en desarrollo tienen la tarea de desarrollo de “estrategias de mitigación” (PNUMA, 2008, p.75); asi como a unos les es asignada la creacion de insumos para apoyo y a otros los resultados del apoyo respectivamente (Ibid). 

Para este año el informe del PEN va a señalar ya un mayor desarrollo de las politicas acerca del desarrollo sostenible y los conceptos acerca del ambiente van cambiando correspondiendo tambien con la forma en que se considera la legislación acerca del ambiente; pues “Se considera que el marco es amplio y de avanzada, y que puede ser una ventaja competitiva y comparativa para la atracción de inversiones y el desarrollo de negocios con perspectiva ambiental”(PEN, 2008, p235.) 

Es sentido como un marco de política publica y jurídico que propicia un modelo nuevo de negocios, que no se limita el del turismo carbono neutral; este contexto en el que se realiza el informe 2008 es importante no por su reflexividad como lo hacia el del 2000, sino porque introduce un cambio en la manera de comprender la política publica, así como en la manera de atención del problema ambiental. 

Para 2009 aparece el concepto de que la participación social mejora la gestión ambiental y enfocan como prioritarias la gestión local urbana y en el GAM que se basa en lo mencionado anteriormente; esta perspectiva guarda mucha relación con la formalización de los procesos de recepción de demandas ciudadanas que se tienen como funciones administrativas del estado, similares a las que Cordero (2017) menciona en cuanto al contacto entre los movimientos sociales y las estructuras de recepción del ambientalismo de estado. 

Si bien el PEN hasta el momento, con sus perspectivas in situ, posee una lectura mucho mas antropológica del uso de recursos y en ese sentido también acrítica consigo misma; en el 2011 comienza a retroalimentarse de perspectivas que se van constituyendo desde la economía ambiental, y ya no solo desde el proceso de gestión ambiental o de sostenibilidad. 

El PEN introduce el concepto de deuda ambiental con respecto al ordenamiento territorial y su interacción con los impactos ambientales del poblamiento sin planificación en la GAM y zonas costeras (PEN, 2011), es decir, para los estudios realizados, aquellos instrumentos diagnósticos de planificación territorial no contemplan el aspecto ambiental (aunque si la sostenibilidad poco expresada) o en general no lo incluyen prácticamente. 

Como deuda ambienta, este hecho se puede representar como parte de las propuestas económicas que se constituyen “en analogía con el concepto de distribución en economía”(Leff, 2006, p.23), así es, como la deuda se puede traducir en un problema de los generadores de impacto negativo en cuanto a la internalización del mismo, y por tanto en la correcta distribución de los daños recargados sobre poblaciones que no pertenecen a la misma categoría como generadores de los mismos; este concepto ya imprime sobre todo el espectro de políticas, un carácter de desigualdad histórico sobre la forma de gestionar el riesgo, así como en las políticas de marco económico que contienen el componente ambiental en si, pero que no se traducen en procesos de equilibrio histórico (sino solamente en incentivos o sanciones), aun así, tal problema es asignado a la política de ordenamiento territorial, tal vez solamente de manera indirecta al sector empresarial. 

La tal política de marco se muestra para esta edición contrariada, pues según ellos “ Costa Rica no tiene un marco legal suficientemente claro para el ordenamiento territorial, que determine con precisión y sin contradicciones las competencias y responsabilidades más importantes, aunque cuenta con una serie de normas de incidencia directa en el tema” (PEN, 2011, p.197); en esto se puede ver como la recepción de la corrección histórica que algunos grupos ecologistas y críticos del desarrollo puedan esta haciendo para un periodo posterior a la lucha por motivos del TLC con Estados Unidos, se vislumbra en perspectivas mas autocriticas, también asumidas acerca de la existencia de una “cifra record” (p.201) en lo que a protesta ambiental se refiere; no hay que olvidar que este mismo programa dio por entendido la necesidad de la promulgación de políticas publicas con carácter de marco, que sin embargo tomaron forma disgregada y poco efectiva, efecto que se suma marginalmente a la poca fiscalización de la política ambiental. 

Para 2013, las conflictividades político-ambientales se perciben como trabas para el desarrollo institucional y la aplicación de políticas públicas, aunque son señalamientos importantes de la mala gestión histórica; en ese sentido, las políticas de carbono neutralidad son también criticadas por una cuestión importante y que luego será retomada como norte en cuanto al desarrollo de una matriz energética comience a reducir la “dependencia de los hidrocarburos”(PEN, 2013,p. 183); una meta que si bien no es nueva para esta epoca, no se habian producido medios de seguimiento del cambio en la matriz energética y de transporte. 

En esta edicion, ya se muestra un avance en metodos hibridos de manejo de recursos como el hidrico, ya que se introduce a una propuesta con condiciones de viabilidad publico-privadas, son estas las que van a interesar pues se entreven como una via cada vez mas cercana para la gestion publico-privada del ambiente y clarament diferenciada de las politcas para la economica carbononeutral del turismo, o par actividades de agricultura organica, asi como de emprendimientos eco amigables. 

La propuesta consistio en la conformacion de un fondo de cooperación publico-privada para atender un problema, sin embargo, representa al mismo tiempo un riesgo para el uso de os rescursos y su proceso de recambio, consisten en un: 

“Fondo de Agua” … una iniciativa liderada por un grupo promotor de instituciones públicas y privadas (Fundecor, Fundación Femsa, Florida Bebidas, Crusa, TNC, Unaguas, la Dirección de Agua del Minae y la ESPH) y que se enmarca en la estrategia de protección del recurso hídrico que impulsa el Minae”(PEN, 2013, p. 191) 

La propuesta resuta de la aplicación de modelos de pago por servicios ambientales, pero atendiendo al problema de la depredacion de la cobertura de mantos acuiferos, pues algunas de estas empresas son tambien las que mas se benefician de la relacion con el recurso acuifero. 

Ya para 2018, el diagnóstico del crecimiento institucional, departamental y normativo, se muestra no solo contradictorio entre discurso y práctica, sino que asimétrico en cuanto a que se poseen planes, reglamentos y programas con una razón de crecimiento dispareja; pues incluso aquellas instituciones encargadas del ambiente se muestran insuficientes para la fiscalización la regulación (un problema postergado) y prevención del daño ambiental, es decir se han centrado en las etapas finales del consumo desmedido, el tratamiento de desechos o de aguas en vez de en el proceso de política publica dirigida hacia un fin especifico y claro; se hace énfasis en que la tutela por parte del Minae es escaza (PEN, 2018, p. 141), igualmente la regulación de la economía hacia la reducción de desechos por el consumo no se ha hecho en un ratio coherente. 

Este proceso del PEN para llegar al tema de regulación económica y de cooperación empresarial, es central pues en este año (2018) el enfoque de gran parte de la política económica se centra en este fenómeno del desarrollo mixto de una manera en la que antes no se había hecho, esto no porque no existieran figuras legales para este fin, sino porque tradicionalmente los cambios en la legalidad y en la practica suelen darse de forma emergente. 

Esto quiere decir que se comienzan a aplicar de forma disgregada antes de la existencia de una formulación unificada o direccionada hacia fines de desarrollo, y esto es favorable por la urgencia en el inicio de ciertos procesos , pero también es desfavorable pues tales prototipos de diferentes fuentes, no se encuentran siempre en conjunción con el modelo de democracia, no poseen requisitos ni regulaciones que les den actualidad dentro de un proceso con fines de beneficio social; como resultado de esto, las reformas posteriores para intentar encauzar tales esfuerzos iniciales, no se hacen esperar y en su mayoría, como lo señala el recorrido por la diagnosis del PEN, consisten en esfuerzos de poca potencia regulatoria que aumentan la complejidad legal (necesaria) y que retrasan los procesos de parsimonia regulatoria. 

En este proceso, no se debe perder de vista el espació de retroalimentación que ocupa dentro de los análisis del PEN la ciudadanía, pues es a partir de esta que se media entre estrategias internacionales y dinámicas locales como bien lo menciona Velásquez (2014) en su análisis sobre la administración ambiental y la situación discursiva de los organismos internacionales.

Bibliografía

Artículos:
Cruz , C. E(2017)Desarrollo capitalista e inviabilidad del planteamiento ecologista: contradicciones entre la lógica de acumulación de capital y los conceptos de protección/conservación del medio ambiente. Revista Economia y sociedad, Vol 22, no.51. Enero-junio. Disponible en: http://www.revistas.una.ac.cr/economia

Franceschi H, B (2002) TRAYECTORIA SOCIO-POLÍTICA DEL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA EN COSTA RICA (1980-2001). Revista Inter Sedes. Vol. 1II. (Abril) pp. 105-113.

Leff, E (2006) La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En Los tormentos de la materia: Aportes para una ecología política latinoamericana. CLACSO, Buenos aires.

Romero, J (2015) Consideraciones sobre la asociación publico-privada. Revista de Ciencias Juridicas. N, 137. Mayo-Agosto. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/21973/22157/

Velázquez, M. (2014). El discurso hegemónico ambiental a través de organismos de cooperación y su influencia en las relaciones internacionales. Rev. Cient. Gen. José María Córdova, 12(13), 191-202

Documentos institucionales:

La Gaceta (30 de abril de 2018) Reglamento para el Desarrollo, fomento y gestión de las alianzas publico privadas para el desarrollo en el sector público. Diario la Gaceta. Imprenta Nacional. Disponible en: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/04/30/ALCA87_30_04_2018.pdf

Leal, J(2005) Ecoeficiencia: marco de análisis, indicadores y experiencias. CEPAL/PNUD, División de Desarrollo sostenible y Asentameintos Humanos. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5644/1/S057520_es.pdf

Mideplan (22 de mayo del 2017) Matriz PND 2010-2014. Sector ambiente, energía y telecomunicaciones. Disponible en: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/__B11YqbRt61yi6sjBzIEw

Mideplan (9 de abril de 2019) Agenda nacional de Evaluaciones (ANE). Esquema de programación. Disponible en: https://www.mideplan.go.cr/agenda-nacional-de-evaluaciones

Minae (2015) Hacia una agenda en la gestión ambiental pública para la ciudadanía: Carta personal del MINAE. San José, Costa Rica. Disponible en: https://minae.go.cr/recursos/2015/pdf/Hacia-una-agenda-en-la-gestion-ambiental-publica-para-la-ciudadania.pdf

Partido Acción Ciudadana (2018) Carlos 2018. Creer y crear la Costa Rica del Siglo XXI: compromiso país. Disponible en: https://pac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Creer-y-crear-la-Costa-Rica-del-siglo-XXI-interactivo-1.pdf

PEN (2007). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimotercer Informe del estado de la nación 2007. PEN-CONARE. San José

PEN (2008). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimocuarto Informe del estado de la nación 2008. PEN-CONARE. San José

PEN (2009). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimoquinto Informe del estado de la nación 2009. PEN-CONARE. San José

PEN (2010). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimosexto Informe del estado de la nación 2010. PEN-CONARE. San José

PEN (2013). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimonoveno Informe del estado de la nación 2013. PEN-CONARE. San José

PEN (2018) Capitulo 4: Armonía con la naturaleza Informe del estado de la nación 2018. PEN-CONARE. San Jose

SCIJ(2018) Procedimiento para la determinación de riesgos fiscales y de contingencias fiscales en proyectos de asociaciones publico-privadas. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86421&nValor3=112121&strTipM=TC

SCIJ(2018) No 9518: Incentivos y promoción para el transporte eléctrico. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=85810&nValor3=111104&strTipM=TC

Notas periodísticas:
Arias, D (24 de marzo de 2018) Ideario costarricense version tv será producido por UNA y Canal 13. Diario digital Surcos. Disponible en: https://surcosdigital.com/ideario-costarricense-version-tv-sera-producido-por-la-una-y-canal-13/

Arias, J (13 de abril de 2015) ¿qué es la OCDE y que gana Costa Rica con ingresar al organismo?. Diario CR Hoy. Disponible en: https://archivo.crhoy.com/que-es-la-ocde-y-que-gana-costa-rica-con-ingresar-al-organismo/economia/

Brenes, M (12 de febrero de 2019) Programa Estado de la Nación: 25 años de seguimiento e investigación innovadora sobre el desarrollo humano sostenible. Programa del Estado de la Nación(PEN). Disponible en: https://www.estadonacion.or.cr/historico-noticias/649-12-02-2019-programa-estado-de-la-nacion-25-anos-de-seguimiento-e-investigacion-innovadora-sobre-el-desarrollo-humano-sostenible

CR hoy (11, de junio de 2019) Diputados aprueban modelo para alianzas publico-privadas. Diario digital CR Hoy. Disponible en: https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-aprueban-modelo-para-alianzas-publico-privadas/

Ecolones (S.F)Banco nacional saca un 96,97% en Gestión Ambiental. Disponible en: https://ecolonescr.com/banco-nacional-saca-un-9697-en-gestion-ambiental/#

Gobierno de Costa Rica (15 de diciembre de 2016) Reglamento fortalece alianzas público-privadas para impulsar obras y servicios públicos. Disponible en: https://presidencia.go.cr/comunicados/2016/12/reglamento-fortalece-alianzas-publico-privadas-para-impulsar-obras-y-servicios-publicos/

Gonzalez, M(25 de mayo de 2019) Calle blancos contara con nuevo centro de acopio de ecolones

Maltin, E (4 de febreo de 2019) Las claves de las asociaciones publico-privadas existosas. Semanario El Financiero. Disponible en: https://www.elfinancierocr.com/gerencia/tendencias/las-claves-de-las-asociaciones-publico-privadas/HMLU5IGBKRBK5EA3AZYUROL2LE/story/

Minae(S.F) Programas de gestión Ambiental institucional. Dirección de Gestión de calidad ambiental (DIGECA)

Perez (12 de marzo de 2019) Urge aprobación de 10 proyectos de ley para concretar ingreso de Costa Rica a la OCDE. Diario EL MUNDO. Disponible en: https://www.elmundo.cr/costa-rica/urge-aprobacion-de-10-proyectos-de-ley-para-concretar-ingreso-de-costa-rica-a-ocde/

WBCSD(2016) Contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Disponible en: https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/1812/22723

Libros:
Almeida & Cordero (2017) Movimientos sociales en América Latina: perspectivas, tendencias y casos. Clacso, Ciudad autónoma de Buenos Aires.

CEPAL (2005)Ecoeficiencia: Marco de análisis, indicadores y experiencias. CEPAL, División de desarrollo y asentamientos humanos. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/5644-ecoeficiencia-marco-analisis-indicadores-experiencias

De Sousa, B (2014) Derechos humanos y desarrollo. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Colección DeJusticia. Bogotá. Disponible en: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Derechos%20Humanos%20Democracia%20y%20Desarrollo.pdf

Sassen, S(2015) Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global. Katz editores, Buenos Aires.

Todorov, T (1975)¿Que es el estructuralismo?: Poética. Editorial Losada, Biblioteca Clásica y contemporánea. Buenos Aires, Argentina.
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Notas:

[1] Retomaremos la dinámica diagnostica de esta entidad en el siguiente apartado acerca de la conciliación entre conflictos ambientales, discursos internacionales y practicas económicas de sostenibilidad. (fragmento 1)


[2] Expresión usada en los emplazamientos de aeronaves espaciales, cuando estas se articulan con otras; en este contexto, da a entender la dinámica de recepción en las plataformas de innovación económica de las perspectivas ambientales que proponen soluciones en el consumo, la monetización del carbono, la administración ecológica, etc.


[3] Termino usado en el reporte, aunque no obedece a una postura exclusivamente desde los organismos de cooperación pues se acrecienta el animo propositivo de “La Hoja de Ruta de Bali” (PNUMA, 2008, p.12)