(2.fragmentos) Políticas ambientales en un contexto de instrumentación económica en Costa Rica

Técnica económico-administrativa. 

Fuente: elaboración propia. Sintetiza el significado del termino,
"division global de la economia(DGE)" o " división global de las
tareas ambientales"; términos usados acá para ilustrar una condición.

En los mas recientes análisis de Sassen (2015), se hace un proceso de revisitación de propuestas teóricas acerca de la ejecución de desigualdad; en ese sentido, para la autora, los procesos de brutalidad y expulsión social, tanto como territorial, corresponde a un proceso que reside en el poder ejecutivo, en la formulación de políticas de marco que fomentan la desregulación económica antes existente y permiten la legalización de instrumentos económicos altamente lesivos, y macroeconómicamente inestables. 

La condición moderna que ella establece como principal, es la de centros globales de operaciones económicas que producen gran impacto en sectores poblacionales medios o bajos, tanto en el proceso de ensamblaje de las ciudades globales como en países que antes eran asumidos como en vías de desarrollo y ahora son objeto de las operaciones económicas de gran peso fabril. 

El proceso que hemos estado viendo, reside en (para usar las metáforas económicas) la valoración por medio del sujeto de ciudadanía, de aquellas demandas poblacionales, así como un proceso de confección de las condiciones de posibilidad de la valoración de las demandas de un sujeto ambiental abstracto. 

Esta tendencia en Costa Rica corre diametralmente opuesta (aunque no tanto, por el doble efecto) a la tendencia global que muestra Sassen(2015) en su libro, del extractivismo ambiental financializado y legitimado por los instrumentos económicos y la desregulación procedente de los “objetivos explícitos y las consecuencias inesperadas de los programas de reestructuración del FMI y el Banco Mundial implementados en buena parte del Sur global en la década de 1980” (Sassen, 2015, p.99), que mas bien se corresponde a la devalucion de las demandas poblacionales por la inexistencia (desaparicion, desregulación) de un mecanismo de realimentación (absorcion,diferente a retroalimentación o aplicación) de las politicas publicas. 

Reafirmar el estado mixto 

A partir del año 2018, se han venido estableciendo guias de acción por parte del gobierno, las cuales se podrían etiquetar de reafirmaciones de un estado irremediablemente mixto; esto en el sentido en que en un contexto financiero de deuda creciente, no queda otra opción que sumir la descentralización del estado como un evento de incapacidad central también, no solo como un proceso de democratización de las estructuras 

Por esta vía, es que han tomado decisiones hacia la formalización de una practica económica y de administración que posee ya larga data en la ley de contratación publica; la de las alianzas publico privadas (APP), definidas como aquellas que no se proponen la privatización de la administración del sector publico, sino mas bien una tecnocracia mixta. 

Sin embargo paralelo a procesos de involucramiento económico, ha sido consecuentemente pertinente iniciar procesos en los que los hechos contractuales entre sectores privados y sectores públicos se reelaboren de una nueva forma que proteja tanto al sector publico de la dinámica de privatización (idealmente) mientras que también defina los tipos de acuerdos con el sector privado; así es como desde 2010 Mideplan ha venido empleando una programación de objetivos que posee como consigna la de propulsar acciones conjuntas con las instituciones, sectores productivos, académicos, comunitarios y la sociedad civil (Midelan, 2017), en este caso, para la administración en políticas de ambiente, energía y telecomunicaciones, un hecho bastante inédito con respecto a la ubicación estas tres categorías en una sola planificación publica. 

Evidentemente esas nuevas unificaciones legales (APP), provienen mas desde el ámbito privado y son reorganizadas por el gobierno en razón de que son practicas bien sabidas en la administración pública, en ese sentido, es para ellos una oportunidad, pero también un riesgo; así se ha señalado cuando es patente el hecho acerca de lo atractivo de estos sistemas de APP en el hecho de compromiso bilateral, responsabilidades compartidas y la contractualidad que asegura los metodos de generación de ganancias, asi como de estabilidad del proyecto; son mecanismos que cargan con una “vision de mundo de ciertos actores sociales”(Vargas, 2010, p. 7), a saber los de la vision mixta del estado, con cierta forma de administración democrática y de inversión publica que fomenta la descentralización y administración privada en vez de comunitaria o colectiva.

El momento en que esta forma de organización de proyectos públicos es formalizada, es cuando se convierte en un proceso direccionado, o medianamente direccionado, que corresponde a los ideales que antes se habían señalado ya desde el estudio de Vargas (2010) acerca de las cooperaciones publico privadas como un modelo extranjero, de experiencia inglesa y de promoción por parte de organismos internacionales como el FMI y el BM[1] incluso desde 1955 para la construcción de infraestructura(p.13) 

Sassen (2015) vuelve señal de la existencia de estos instrumentos, al hecho de que se haya dado un proceso de reducción del estado y de ajuste económico que ha provocado la incapacidad financiera de los estados, la “contracción de las economías reconocidas” (p. 91) y favorece la aparición de las formaciones predatorias (Sassen, 2015, p. 92) ; así mismo lo señala Vargas (2010) con un análisis del proceso de economía mundial y reformas del 1980, que promueven la administración privada de los commons, y no la estructura de estados descentralizados desde lo comunitario o colectivo.

Sin embargo, las APP no son en si mismas una formación predatoria si no coinciden con otras instrumentaciones económicas que logren rodear los limites que por definición les son impuestas; “en todos los casos, el alcance comercial de una APP, y por lo tanto su potencial para generar ganancias, está restringido contractualmente, no por las fuerzas del mercado o la intervención de un regulador legal”(Romero, 2015, p.104). 

En Costa Rica, si bien se han producido crisis conincidentes con el proceso regional latinoamericano de empobrecimeinto, la reaccion ha sido siempre tardia y particular, y en eso reside la tardia aplicación de un modelo de APP aprobado hasta el año 2019 para obra publica con respecto a una reforma de la Ley general de concesiones: “Dicho modelo permitiría a inversionistas privados pagar un monto inicial por el derecho a operar la obra existente, a la vez que asume la responsabilidad de gestionar la mejora, operación y mantenimiento de la obra por un plazo determinado” (CRhoy, 2019), a esto le llaman optimización de activos y está pensado para producir un ingreso para infraestructura del estado que no pasa por la privatización, sino por una especie de arendamiento de proyectos existentes. 

Sin embargo existen muchas formas de proceder con respecto a las APP, otra de estas consiste en que “las empresas complementan la inversión”(Maltin, 2019), la trayectoria de diferentes comunicadores económicos, ponen de relieve sus beneficios en el mayor de los casos, sin, embargo también sus deficiencias en cuanto a lograr un obra con menores costos y en menor tiempo, lo cual tiende a ser señalado como la intensión de estos modelos mixtos de financiamiento que no consisten solamente en una licitación; en el semanario El Financiero se enfatiza en que el éxito “requiere que los líderes de cada entidad compartan regularmente sus intereses y preocupaciones, y que ayuden a resolverlas. Una parte fundamental de esto es que cada parte reconozca en el proyecto intereses que quizá no estipuló en el contrato, y que podrían no ser del interés de los demás involucrados.” ”(Maltin, 2019), cuestiones que suponen según el, un compromiso mas allá del contrato, el cual tiende a confeccionar una disposición hostil de las partes (se limitan a cumplir el contrato)

A pesar de señalar contrariedades en este modelo APP, o P3(Maltin, 2019), su vista sigue siendo optimista en cuanto a que el riesgo económico es resuelto por la buena fe de los participantes y por el compromiso humano mas allá del contrato. En el Sistema Costarricense de Información Jurídica

En Costa Rica a pesar de la existencia de estas figuras de contratación publica, para la infraestructura, en 2018 se formula el reglamento que potencia estas alianzas, pero de igual forma, es publicado otro instrumento para valorar la estabilidad financiera de los mismos, hecho que deja al derecho positivo bien parado como herramienta útil y fuerte en la definición o control de mecanismos que puedan crear inseguridad económica. Muy diferente a la buena voluntad periodisticamente amigable de Maltin (2019) que para él predispone al éxito, lo que este no ve, es el contexto de debilitamiento del estado, y de depredación tanto territorial como de la estructura del estado sobre la que Sassen (2015) llama la atención; en su vision descontextualizada tampoco logra observar el proceso de promoción de organismos internacionales para la cooperación y la reestructuración del FMI y el BM. 

La mediatización de estos hechos, suele conducirse por medio del imaginario del fortalecimiento anímico de la economía, es decir, que tener las ideas claras es suficiente para que la buena fe (como principio legal y jurisprudencial, no solo anímico) logre dar un resultado exitoso en el ámbito económico, tanto como social. 

Acerca de la  Buena fe procesal, el articulo 2 del código procesal civil enuncia que consiste en que:

Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la buena fe, al respeto, a la lealtad y la probidad. El tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria. (Ley 9342, 2016)

La coevolución de mecanismos de control económico y liberalización económica es lo que se llama acá un estado mixto, en ese sentido la intromisión de la reestructuración liberal en algunas ocasiones suele acompañarse de sus mecanismos de control, no de manera gratuita, sino como en el caso de los movimientos sociales ambientales, por un juego entre el realismo estatal y reacciones de grupos posiblemente afectados o afectados de hecho; un juego estético o de identidad nacional (que se expresa en mecanismos legales y económicos en este caso, no solo en lo anímico) que no seria posible sin organismos como el PEN o sin los esfuerzos internacionales como el del PNUMA o las ONGs, tanto las que participan del proceso de los Nuevos Movimientos Sociales, como las que no. 

La publicacion en 2018 del Reglamento para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas publico-privadas para el desarrollo en el sector publico, agrega una dirección antes inexistente en el ámbito de las practicas económicas publico-privadas, el hecho que siguiendo a Velásquez (2014) marca una contenido idiosincrático; aquel que direcciona las APP para el sector de desarrollo, mismo al cual se agrega en ámbitos de discusión antes mencionados y que son producto de la realidad legal costarricense, se decreta para este año un proyecto de APPD que logre: 

“su adecuada formalización, para el logro de los objetivos de interés público basados: en los principios de solidaridad, transparencia, eficiencia, sostenibilidad, promoción de la participación ciudadana e impulso a la generación de oportunidades de colaboración entre los diferentes actores de la sociedad costarricense.”(La Gaceta, 2018, p.18) 

Ya desde antes la figura se había creado bajos el Reglamento para los contratos de colaboración público- privada(Gobierno de Costa Rica, 2016), para la administración y desarrollo de infraestructura y servicios, sin embargo es hasta 2018 que se definen los principios de esta figura, mas allá de los puramente económicos y financieros y vinculándolos con el Plan nacional de desarrollo, así como otros instrumentos derivados e incluso de la Políticas Nacional de Responsabilidad Social.”(La Gaceta, 2018, p.19). Como bien se dijo, estas políticas poseen una carga identitaria, y sin embargo dependen de la buena fe de articulación con las tendencias de desarrollo nacional, un discurso hecho reglamento y que además señala los pasos a seguir para la revisión de figuras legales y guias para realizar las APPD e incluso la necesidad de un protocolo de selección que se llegó a elaborar un tiempo después. 

Lo que en verdad resulta importante para la neutralización de la inestabilidad financiera y del surgimiento de una posible formación predatoria de los instrumentos financieros, es la publicación dos semanas antes del reglamento de las APPD del Procedimiento para la determinación de riesgos fiscales y de contingencias fiscales en proyectos de asociaciones publico-privadas(SCIJ, 2018) en la que se establece en conformidad con asistencias técnicas del FMI que “la materialización de riesgos fiscales en una situación de fragilidad pueda conducir a una crisis fiscal en forma rápida” (SCIJ, 2018, n.6). 

En ese sentido, la expresión de la identidad particular de la legislación nacional, se expresa mas fuertemente en este ultimo efecto sobre el riesgo fiscal, mas que en el reglamento de las APPD que las vincula con el PND, si bien ambos son instrumentos que obedecen a una concepción realista de los problemas sociales, son posibilitados no solo por los demás constructos legales y económicos en el país y por la historia de protesta y de alternativas desplegadas por los organismos internacionales; sino por la adopción tardía de la misma y por tanto condicionada a la disminución de los efectos negativos demostrados en otros países de la región que se encuentran tipificados en el instrumento de riesgo fiscal. 

Un fenómeno de economías eternamente emergentes. 

Fuente: Elaboración propia. La situación que propicia la DGE es el surgimiento 

de un capitalismo istmico, criollo que asuma la idiosincracia nacional 

y de paso a lo que la imagen llama "capital-istmo". Un eterno emergentismo 

de economías "verdes" en el discurso y en algunos mecanismos económicos 

poco comunes en la región, pero posibles en el reformismo costarricense

Si para la Hoja de ruta de Bali (PNUMA, 2008, p.75) a unos paises se les asigna la capacidad de financiamiento y de cooperación mientras que a otros les corresponden las estrategias de mitigación; esto ya de por si propone una forma de comprender las economias de las ciudades globales, tanto como las de las sociedades con economias en desarrollo;  queda dictado, pues en el año 2018 (o incluso antes) se inician una serie de cambios en la legislación e instrumentos económicos que poseen por lo menos dos líneas de avance contradictorias; por un lado la de instrumentos económico-financieros de desarrollo social e incluso con algún uso ambiental, mientras por el otro el desarrollo de instrumentos de alta inestabilidad macroeconómica. 

Los técnicos de estado proporcionaron, varias formas de neutralización, una de tipo retórico, con algunas propuestas para el planteamiento de las APPD y otra que busca el control directo de las practicas que introducen incertidumbre fiscal; estas pueden ser mas bien procesos de asimilación de las practicas publico-privadas que ya se vienen dando lugar en el país desde mucho antes de la existencia de un reglamento para las mismas, como se ha venido diciendo, y que han sido progresivamente modeladas por diferentes propuestas y modificaciones legales de carácter reformista. 

Que si bien pueden ser un sesgo falaz (no todos los sesgos lo son), el de comprender la historia de estos instrumentos definitorios de desarrollo sostenible desde los espejismos que propone De Sousa (2014) y en especial el de la teleología, en el cual pensaríamos en un camino hacia el único presente, es mas bien que se rechaza la tendencia a ”leer la historia como un recorrido lineal orientado a la consecución de ese resultado”(p. 26), es decir, el de la equidad y el desarrollo sostenible ; pero no se hace de manera antojadiza, sino por medio de la explicación acerca de la manera en que el proceso estético en sentido formal, consiste en la articulación de la política pública con una dirección tecnocrática, donde el concepto de ciudadanía, sea que se utilice como participación judicializada o para atenuar la oposición radical de la población, termina por cerrar el proceso de imbricaciones entre política partidaria, empresarial, de movimientos sociales e impactos generalizados. 

Se podría decir, que en este aspecto, se pueden entrever parte de lo que De Sousa(2014) va a tomar por derechos al desarrollo o lo que por otro lado en Castro (2010) podrían entreverse como derechos económicos de un país que aspira a ser economia emergente (CR)

En el proceso de globalización del cual las generaciones de derechos humanos no son extrínsecas, se puede decir que lo que se pueden llamar incorporaciones tardías, no es mas que adopciones de instrumentos ya probados como exitosos o fallidos, o como instrumentos económicos a los cuales se debe controlar; una opción reconocida, que ya se dio por hecho con las recomendaciones del FMI a finales de los 70s y las que introduce el Ministerio de Hacienda en el instrumentos de control del riesgo financiero, ambos criterios de organismos internacionales dedicados al ámbito financiero. 

No es nada raro que los partidarios de la economía financiera y de los instrumentos probados en la posibilitación de las formaciones predatorias, procuren acercarse a una critica bastante llena de sentido, es decir, vaciada de mecanismos de prevención real de la incertidumbre económica; autores como Maltin (2019) comparten esta visión esperanzadora y donde reina la buena fe (equitativa y jurídica tanto como la retórica) 

Si bien, la adopción condicionada de estas practicas económicas inestables es un hecho inédito para Latinoamérica, es decir, la prevención de consecuencias antes que el reajuste ex post; aun su aplicación al ámbito ambiental es bastante mas atrasado, pues si bien existe en el una participación privada desde el conservacionismo turístico, o la producción maderera controlada, es claro que para una adaptación a nuevas figuras desde el ambientalismo tecnocrático es necesaria la investigación. 

Para este sector de los estudios ambientales desde el tecnocratismo que señala tanto Vásquez (2015) como los mecanismos de participación ambiental que señala Cordero (2017) las universidades agrupadas en el CONARE, (mas el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) se muestran cercanas al perfil de producción científica con usos técnicos con orientación ecológica, poseen un repositorio llamado Kimuk, y en el que de entrada son presentes los estudios acerca de presencia de agroquímicos, educación ambiental, nuevas tecnologías ambientales y biotecnológicas que representan con la etiqueta de Ambiente[2] un 5,4% de la producción científica, de cerca de 69 200 en total. 

Lo particular de esto, no es solo la producción publica de aplicaciones tecnocráticas, sino que con respecto a esto se estén adoptando modelos de verificación económica no ya de sostenibilidad sino de eficiencia; en el país el Banco Nacional asume un proceso fundamentado en la ecoeficiencia como modelo de gobernabilidad ambiental desde la institución empresarial, impulsado por el World Bussiness Council for Sustainble Development desde los “Negocios Inclusivos” (WBCSD, 2016), así como por parte de la CEPAL (2005), que proporcionó en un principio una serie de instrumentos de medición de la ecoeficiencia. 

Este tipo de propuestas, deben ser tomados con precaución para no caer repetidamente en aquellas formas de administración que piensan solamente en la vinculación con los objetivos de desarrollo nacional del PND, o que ascienden métodos retóricos y de discurso inflacionario tanto como devaluativo de los intereses ciudadanos, que en términos reales no ofrecen una solución al problema de seguridad económica para las dinámicas que Sassen (2015) hace corresponder entre formaciones sistémicas económico-financieras y practicas al ras del suelo que terminan por provocar expulsiones sociales, ciudadanas y territoriales. 

Son entonces conformantes de un proceso de división global de las tareas de conservación, donde un país como este, ha retrasado últimamente la introducción de pruebas económicas de modelos financieros a los que no se les han hecho pruebas de impacto hasta que su aplicación en otros países latinoamericanos demuestra por demás, su agresividad en todo ámbito social; es decir, se nos ha permitido la administración tecnocratica desde las estrategias de mitigación

Para Sassen(2014) el contexto de estos instrumentos financieros es aquel que fomenta la privatización y falseamiento de los principios estatales, asi como la desregulación ambiental que permite la existencia de formalizaciones legitimas, corporativa y empresariales que se dedican a un nuevo extractivismo, sin embargo, este efecto parece ser de alguna manera controlado y asimilado incluso por el PEN y por los otros organismos como el Ministerios de Hacienda con el reglamento de riesgo fiscal; lo que de alguna manera propicia una vía contraria de la que propone la autora para el sur global en cuanto a formar parte del mercado de tierras y de los mecanismos disciplinares de ajuste estructural (p.98-99) 

Un fenómeno de diferenciación de los mismos mecanismos financieros, Sassen(2015) lo ve como atípico, y si bien señala algunos casos en los que las tendencias globales emergentes no se realizan en formaciones predatorias solamente sino en opciones de desarrollo, esto es mas cercano a los países del sur global[3] (podría decirse que como efecto de la división global de la conservación) o a países con economías competitivas emergentes como en el caso de china, donde también se cumple el siguiente imperativo: 

“un esfuerzo serio por emplear capital financiero para desarrollar la economía material es; una oportunidad para mejorar la calidad ecológica de esas inversiones, para estimular el desarrollo y el uso de tecnologías y prácticas que no dañen el medio ambiente.”(Sassen, 2015, p.166) 

Ambas situaciones de la division global ambiental, son tambien notables en la vision de desarrollo sostenible, y en la forma que toma la integracion de este tipo de mecanismos en el contexto nacional de los paises donde se da de manera singular; no solo es una situación desisiva que reside en las elites nacionales, sino que necesita de una historia de reformismo general y de desproblematización del conflicto por medio del realismo o la estética política antes mencionada. 

Sin embargo, aunque la forma de implementación de estas instrumentaciones económicas ha sido reflexionada, otras mas adelante podrian no serlo en un momento contextual de confusión generalizada y tomando en cuenta los procesos de gobierno que actualmente han dado pie a algún tipo de inestabilidad; parte de algunos de los mecanismos que han resultado en el camino de la adecuación y domesticación de estos instrumentos, se pueden evidenciar también en la prensa. 

Anteriormente se habia señalado el convenio con nuevas características que realizó FEMSA para la gestión del recurso agua en un programa de pago por servicios ambientales; sin embargo ultimamente se dio a conocer una articulación cada vez mas común y que sin embargo es nueva en su tipo, ya que no corresponde a una campaña movil de recoleccion de materiales como plasticos, aluminio y tetra pack, como la que caracteriza al programa de Ecolones. 

Tampoco tiene que ver con pago por servicios ambientales por medio de un fondo privado de cooperación empresarial, sino que significa un avance en mecanismos de participación empresarial dentro de un programa de gestión integral de residuos sólidos local, creando un “centro de acopio de Ecolones habilitado por Coca-Cola FEMSA”(Gonzalez, 2019) y que se mantendrá en funcionamiento por medios propios de la empresa en cooperación con la plataforma digital de Ecolones ; una articulación completamente privada con fines locales y públicos que puede responder a sus rubros de responsabilidad social (incluidos como posibles dentro de las APPD).

De igual manera, queda pendiente el estudio de los objetivos de la plataforma digital de Ecolones, pues esta se diseña para resolver un problema de gestión de residuos aprovechables, al tiempo que también se articula con criptomonedas canjeables en productos alimenticios, de comercios asociados a la plataforma; una manera bastante novedosa de administración del cambio aunque puede no se suficientemente estable o rentable debido a que se mantiene por voluntariados. En ese sentido parece que fue diseñada para atraer población hacia la entrega de residuos desde su ámbito doméstico, pero no para atraer voluntarios que mantienen en función la intensión del proyecto (un desequilibrio bastatante común)

Bibliografía 

Artículos: 

Cruz , C. E(2017)Desarrollo capitalista e inviabilidad del planteamiento ecologista: contradicciones entre la lógica de acumulación de capital y los conceptos de protección/conservación del medio ambiente. Revista Economia y sociedad, Vol 22, no.51. Enero-junio. Disponible en: http://www.revistas.una.ac.cr/economia 

Franceschi H, B (2002) TRAYECTORIA SOCIO-POLÍTICA DEL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA EN COSTA RICA (1980-2001). Revista Inter Sedes. Vol. 1II. (Abril) pp. 105-113. 

Leff, E (2006) La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En Los tormentos de la materia: Aportes para una ecología política latinoamericana. CLACSO, Buenos aires. 

Romero, J (2015) Consideraciones sobre la asociación publico-privada. Revista de Ciencias Juridicas. N, 137. Mayo-Agosto. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/21973/22157/

Velázquez, M. (2014). El discurso hegemónico ambiental a través de organismos de cooperación y su influencia en las relaciones internacionales. Rev. Cient. Gen. José María Córdova, 12(13), 191-202 

Documentos institucionales: ç

La Gaceta (30 de abril de 2018) Reglamento para el Desarrollo, fomento y gestión de las alianzas publico privadas para el desarrollo en el sector público. Diario la Gaceta. Imprenta Nacional. Disponible en: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/04/30/ALCA87_30_04_2018.pdf

Leal, J(2005) Ecoeficiencia: marco de análisis, indicadores y experiencias. CEPAL/PNUD, División de Desarrollo sostenible y Asentameintos Humanos. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5644/1/S057520_es.pdf

Mideplan (22 de mayo del 2017) Matriz PND 2010-2014. Sector ambiente, energía y telecomunicaciones. Disponible en: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/__B11YqbRt61yi6sjBzIEw

Mideplan (9 de abril de 2019) Agenda nacional de Evaluaciones (ANE). Esquema de programación. Disponible en: https://www.mideplan.go.cr/agenda-nacional-de-evaluaciones

Minae (2015) Hacia una agenda en la gestión ambiental pública para la ciudadanía: Carta personal del MINAE. San José, Costa Rica. Disponible en: https://minae.go.cr/recursos/2015/pdf/Hacia-una-agenda-en-la-gestion-ambiental-publica-para-la-ciudadania.pdf

Partido Acción Ciudadana (2018) Carlos 2018. Creer y crear la Costa Rica del Siglo XXI: compromiso país. Disponible en: https://pac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Creer-y-crear-la-Costa-Rica-del-siglo-XXI-interactivo-1.pdf

PEN (2007). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimotercer Informe del estado de la nación 2007. PEN-CONARE. San José 

PEN (2008). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimocuarto Informe del estado de la nación 2008. PEN-CONARE. San José 

PEN (2009). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimoquinto Informe del estado de la nación 2009. PEN-CONARE. San José 

PEN (2010). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimosexto Informe del estado de la nación 2010. PEN-CONARE. San José 

PEN (2013). Capitulo 4: Armonía con la naturaleza. En Decimonoveno Informe del estado de la nación 2013. PEN-CONARE. San José 

PEN (2018) Capitulo 4: Armonía con la naturaleza Informe del estado de la nación 2018. PEN-CONARE. San Jose 

SCIJ(12 de abril de 2018)Decreto Ejecutivo N°41042-H:Procedimiento para la determinación de riesgos fiscales y de contingencias fiscales en proyectos de asociaciones publico-privadas. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86421&nValor3=112121&strTipM=TC

SCIJ(2018) No 9518: Incentivos y promoción para el transporte eléctrico. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=85810&nValor3=111104&strTipM=TC

Notas periodísticas: 

Arias, D (24 de marzo de 2018) Ideario costarricense version tv será producido por UNA y Canal 13. Diario digital Surcos. Disponible en: https://surcosdigital.com/ideario-costarricense-version-tv-sera-producido-por-la-una-y-canal-13/

Arias, J (13 de abril de 2015) ¿qué es la OCDE y que gana Costa Rica con ingresar al organismo?. Diario CR Hoy. Disponible en: https://archivo.crhoy.com/que-es-la-ocde-y-que-gana-costa-rica-con-ingresar-al-organismo/economia/

Brenes, M (12 de febrero de 2019) Programa Estado de la Nación: 25 años de seguimiento e investigación innovadora sobre el desarrollo humano sostenible. Programa del Estado de la Nación(PEN). Disponible en: https://www.estadonacion.or.cr/historico-noticias/649-12-02-2019-programa-estado-de-la-nacion-25-anos-de-seguimiento-e-investigacion-innovadora-sobre-el-desarrollo-humano-sostenible

CR hoy (11, de junio de 2019) Diputados aprueban modelo para alianzas publico-privadas. Diario digital CR Hoy. Disponible en: https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-aprueban-modelo-para-alianzas-publico-privadas/

Ecolones (S.F)Banco nacional saca un 96,97% en Gestión Ambiental. Disponible en: https://ecolonescr.com/banco-nacional-saca-un-9697-en-gestion-ambiental/#

Gobierno de Costa Rica (15 de diciembre de 2016) Reglamento fortalece alianzas público-privadas para impulsar obras y servicios públicos. Disponible en: https://presidencia.go.cr/comunicados/2016/12/reglamento-fortalece-alianzas-publico-privadas-para-impulsar-obras-y-servicios-publicos/

Gonzalez, M(25 de mayo de 2019) Calle blancos contara con nuevo centro de acopio de ecolones 

Maltin, E (4 de febreo de 2019) Las claves de las asociaciones publico-privadas existosas. Semanario El Financiero. Disponible en: https://www.elfinancierocr.com/gerencia/tendencias/las-claves-de-las-asociaciones-publico-privadas/HMLU5IGBKRBK5EA3AZYUROL2LE/story/

Minae(S.F) Programas de gestión Ambiental institucional. Dirección de Gestión de calidad ambiental (DIGECA) 

Perez (12 de marzo de 2019) Urge aprobación de 10 proyectos de ley para concretar ingreso de Costa Rica a la OCDE. Diario EL MUNDO. Disponible en: https://www.elmundo.cr/costa-rica/urge-aprobacion-de-10-proyectos-de-ley-para-concretar-ingreso-de-costa-rica-a-ocde/

WBCSD(2016) Contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Disponible en: https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/1812/22723

Libros: 

Almeida & Cordero (2017) Movimientos sociales en América Latina: perspectivas, tendencias y casos. Clacso, Ciudad autónoma de Buenos Aires. 

CEPAL (2005)Ecoeficiencia: Marco de análisis, indicadores y experiencias. CEPAL, División de desarrollo y asentamientos humanos. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/5644-ecoeficiencia-marco-analisis-indicadores-experiencias

De Sousa, B (2014) Derechos humanos y desarrollo. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Colección DeJusticia. Bogotá. Disponible en: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Derechos%20Humanos%20Democracia%20y%20Desarrollo.pdf

Sassen, S(2015) Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global. Katz editores, Buenos Aires.

Todorov, T (1975)¿Que es el estructuralismo?: Poética. Editorial Losada, Biblioteca Clásica y contemporánea. Buenos Aires, Argentina.

_________________________________________________________________________________

Notas:

[1] Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

[2] La etiqueta genérica de ambiente arroja ese resultado, pero en otras relacionadas al desarrollo sostenible, la biología, la ecología, biotecnología, etc, los resultados sumados pueden llegar a ser mayores y deberían ser estudiados con la intención de proveer una imagen acerca de la aplicación de tecnologías ambientales rentables. 

[3] El signo mismo de esta ubicación del llamado proceso de división global de las tareas ecológicas, para fines ilustrativos; Sassen (2014) lo señala como un fenómeno singular de las economías emergentes y con poder de decisión independiente del sur global y que se encuentra incluido en sus elaboraciones sobre la depredación de los territorios del sur.